Protección y organización mediante la acción diferida

En la presidencia de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board, NLRB) colaboran para parar la explotación de los trabajadores indocumentados, especialmente en el sector de la construcción.

En noviembre de 2021, la recién nombrada consejera general de la NLRB, Jennifer Abruzzo, dejó claro en un memorándum que la NLRB en la presidencia de Biden será una agencia “no solo accesible a todos los trabajadores que busquen nuestra ayuda, sino también un lugar seguro donde se les trate con dignidad, independientemente de su situación migratoria o permiso de trabajo”.

Después, en enero de 2023, el DHS anunció su política modificada de “acción diferida”, por la que los trabajadores indocumentados implicados en un conflicto laboral pueden optar a recibir un estatus de trabajador temporal durante dos años. La política ofrece a los trabajadores inmigrantes una vía para enfrentarse a los contratistas corruptos, sacar a la luz la economía sumergida en la que prosperan estos malos actores y, de paso, obtener autorizaciones de trabajo que les proporcionen las protecciones laborales que todos los trabajadores buscan. 

LOS ALBAÑILES ALZAN LA VOZ CONTRA J. GINGER

Poco después de que se anunciara esta política, los organizadores del Sindicato Internacional de Albañiles y Trabajadores de Oficios Afines (International Union of Bricklayers and Allied Craftworkers, BAC) trabajaron con media docena de trabajadores no sindicalizados de J. Ginger para ayudarlos a conseguir esta valiosa protección, de modo que pudieran trabajar en la organización de un sindicato desde abajo hacia arriba y denunciar las peligrosas prácticas que se llevan a cabo allí.

Uno de los trabajadores era Pedro Benavente, de 26 años. Explicó que, en J. Ginger, “cuando se trata de guantes, gafas, cascos, cualquier cosa relacionada con la seguridad, no te lo dan... Allí no respetan los derechos de los trabajadores”. Más tarde, Benavente fue despedido porque acudió a una reunión con representantes del BAC para informarse sobre las protecciones que podía ofrecer un sindicato.

Los organizadores del BAC hablaron con Benavente sobre los actos ilegales de J. Ginger, desde infracciones de seguridad hasta despedirlo porque se reunió con representantes sindicales. Si se presentaba un conflicto laboral, los organizadores le informaron que podría acogerse a la política de “acción diferida” para obtener un permiso de trabajo de dos años. “Cuando me lo dijeron, sinceramente no les creí. Nadie me había ayudado nunca como ellos se ofrecían a hacerlo”, dijo. Pero entonces llegaron sus papeles: “¡Vi que llegó mi seguro, mi permiso, todo!”.

“La verdad es que, para una persona indocumentada, esta protección para hablar significa que no debe tener miedo de la empresa que no le informa ni protege sus derechos”, dijo. “No se le tiene miedo de mirar a una persona que quiere asustarlo e intimidarlo por algo que no tiene. Ahora puede contratar su seguro y tener todos sus derechos protegidos. Es muy diferente”.

Benavente es ahora un orgulloso miembro de la BAC que paga sus cuotas. “Estoy con el sindicato y pienso seguir afiliado porque ellos me enseñaron cuáles son mis derechos”, dijo. Le entusiasma recibir más capacitación y aprender mejor su oficio. “Estoy muy contento. Espero seguir trabajando para otras empresas, en tipos de empleo en los que se valore a los trabajadores y se respeten sus derechos”.